Por Carlos Bosch (Secretario) / Alberto Solanet (Presidente)
Tal como lo hemos denunciado documentadamente en el libro “El Pacto Kirchner-Verbitsky”, el kirchnerismo ha atacado sistemáticamente al Poder Judicial desde el inicio mismo de su gestión con el fin de lograr sus objetivos. Comenzó con el pedido de juicio político a toda la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta lograr las renuncias que necesitaba para obtener una nueva mayoría. El plan continuaría con el disciplinamiento de la Cámara Nacional (hoy Federal) de Casación Penal, encargada de investigar la corrupción estatal. En 2007, querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad presentaron un pedido de juicio político contra los camaristas Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Eduardo Riggi, imputándolos por supuestas “demoras” en esos procesos. Diana Conti desde el Concejo de la Magistratura y Néstor Kirchner públicamente fueron los impulsores de la embestida. Se alzaron entonces en su defensa el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Fiscales, la Academia Nacional de Derecho, la Sociedad de Abogados Penalistas y la Asociación de Funcionarios y Magistrados. El ataque logró la renuncia de varios camaristas. Las vacantes fueron cubiertas por los Dres. Guillermo Yacobucci y Luis García, pero el titular de la Secretaría de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, presentó contra ellos un pedido de juicio político por haber otorgado la excarcelación a imputados en causas de lesa humanidad que venían sufriendo prisión preventiva por más de 5 años. García terminó desplazado. Siguieron las renuncias de Guillermo Tragant,
Juan Carlos Rodríguez Basalvilbaso y Gustavo Mitchell imputados por similares motivos. Designado el Dr. Luis María Cabral, fue inmediatamente atacado por Verbitsky con un pedido de juicio político mientras que quienes firmaron la Acordada para su designación fueron denunciados penalmente por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel. Llegaría Gils Carbo como titular del Ministerio Público Fiscal para nombrar 1500 nuevos empleados, crear un nuevo sindicato judicial y promover decenas de fiscales de “Justicia Legítima”. El plan kirchnerista de impunidad para evitar la investigación de la corrupción gubernamental pasaría a transformarse, con el triunfo de Macri, en un plan desembozado de persecución a opositores políticos que continúa hoy día mediante la creación y formulación de decenas de causas penales por parte de jueces y fiscales militantes. El ataque a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se enmarca en este siniestro e incesante programa iniciado en 2004. Que los hombres y mujeres honestos defensores de la República, cualquiera sea su filiación política, se alcen de una vez y para siempre para ponerle fin».